Una villa catalana durante el “Trienio Negro”:
Sant Feliu de
Guíxols, 1365-1367
Pere Orti Gost
Universitat de Girona
Congreso Fiscalidad y sociedad en el Mediterráneo bajomedieval
(Málaga, 17-20 de mayo de 2006)
RESUMEN
Los recientes trabajos
dedicados a la fiscalidad y a las finanzas municipales en la Cataluña
bajomedieval han mostrado que las décadas de 1350 y 1360 fueron claves en la
consolidación de un sistema fiscal municipal en el sentido que fue entonces
cuando los municipios, por un lado, consolidaron la capacidad de percibir de
forma permanente un conjunto de impuestos diverso y de endeudarse a largo
plazo, y, por el otro, desarrollaron una infraestructura recaudadora estable y
una forma determinada de distribución de sus recursos. En otras palabras, fue
entonces cuando el municipio a través de su capacidad política y administrativa
interrelacionó los diferentes elementos que conformaban el sistema fiscal y
financiero, cuyos orígenes pueden ser diversos, aunque entre ellos destaca su
colaboración en la recaudación y la financiación de los recursos necesarios
para que la monarquía pudiera hacer frente a los conflictos bélicos cada vez
más frecuentes a los que se vio sumergida. Durante ese mismo período
–especialmente durante la década de 1360- vio la luz otro sistema fiscal, el de
Estado, gestionado desde las diputaciones de las Cortes, que acabaron
convirtiéndose en permanentes. En este nuevo sistema fiscal el municipio jugaba
también un papel pero al mismo tiempo tubo que readaptar algunos de sus
impuestos con la aparición de las generalitats, que englobaban un impuesto
aduanero y otro sobre la producción y la comercialización pañera.
Todos estos procesos han estado
estudiados especialmente en el ámbito de la ciudades de realengo a partir de la
documentación central generada por la monarquía y las Cortes y a partir del
estudio de diversos casos que se han centrado sobre todo en las grandes y
medianas ciudades (Barcelona, Gerona, Cervera y Manresa) o de una estructura
urbana un tanto peculiar como es el caso de las ciudades que conformaban el
Campo de Tarragona. Resta, entre otras cosas, poner la atención en uno de los
tipos urbanos más característicos de la Cataluña Vieja (la del norte del río
Llobregat): las llamadas pequeñas ciudades, es decir, aquellos núcleos de
poblamiento, centros de un mercado permanente, que concentraban entre 1.000 y
2.000 habitantes dedicados especialmente a actividades artesanales y
comerciales. Diseminadas en el territorio, muy cercanas las unas de las otras y
perfectamente conectadas en redes urbanas, las pequeñas ciudades concentraban
globalmente el mayor número de población urbana de la Cataluña bajomedieval.
Para entender el débil peso demográfico de cada una de ellas debemos tener
presente que la población campesina no residía en esos núcleos sino que estaba
dispersa en el territorio (en los mansos) y que estos espacios rurales no
formaban parte de los términos municipales de las pequeñas ciudades.
Un buen ejemplo de esta realidad es el
caso de la villa de Sant Feliu de Guíxols.
Esta pequeña ciudad, nacida al abrigo del monasterio homónimo, presenta los
rasgos que caracterizan las pequeñas ciudades: un núcleo que durante el siglo
XIV no llegaba a los 2.000 habitantes, que era centro de un mercado permanente
perfectamente conectado con diversas redes urbanas y con una población dedicada
fundamentalmente a actividades comerciales y artesanales. Pero el elemento que
hace de este caso un caso especial es la conservación de un volumen de documentación impresionante. Así,
prácticamente todas las instituciones que de alguna manera tenían relación con
Sant Feliu de Guíxols conservan su archivo con documentación seriada desde
1350: el municipio, la notaria, los diferentes señores de la villa y sus
oficiales (el monasterio de Sant Feliu de Guíxols y la monarquía), y el obispo de Girona. La única institución
importante sin archivo es el veguer de Girona. De entre este conjunto
documental destaca para la problemática que nos interesa la serie de libros de
cuentas de los jurados, una de las más completas para el período 1360-1380 y el
fondo del único notario de la villa utilizado regularmente por los jurados.
Por lo tanto el objetivo de esta
comunicación es intentar mostrar si los procesos fiscales y financieros
observados en los municipios de les grandes y medianas ciudades se reprodujeron
en las pequeñas comunidades urbanas del norte catalán a partir del ejemplo de
Sant Feliu de Guíxols. Nos hemos centrado especialmente en los años 1365-1367, que podemos calificar como
el trienio negro, en el sentido que fueron los tres años de mayor presión
fiscal de todo el siglo XIV, provocada por la guerra de los dos Pedros, y, tal
como ya hemos señalado, momento durante el cual se consolidó el sistema fiscal
de Estado que produjo una readaptación de los impuestos municipales.
Este ciclo fiscal empieza en 1363
después de la ruptura unilateral por parte de Castilla de la paz de Deza-Terrer
de mayo de 1361 que había supuesto la desmantelación de la infraestructura
fiscal diseñada en las Cortes de Cervera de 1359 para hacer frente a las
necesidades de la guerra con Castilla.
En las Cortes de Monzón de 1363 los
brazos de Cataluña y de Mallorca otorgaron al rey un doble donativo: 130.000 l.
anuales vía fogaje, durante dos años y siete meses, y un nuevo impuesto –las generalitats-
que, como hemos dicho, gravaba la producción y venta de paños así como la
entrada y salida de determinados productos a través de ciertos puntos aduaneros
establecidos en las fronteras de la Corona de Aragón. Todos ellos administrados
por una Diputación de las Cortes.
Nueve meses después el rey volvía a
convocar Cortes en Cataluña (22.1.1364) que se alargarían hasta abril de 1365.
De hecho en esta asamblea que se celebró en Barcelona, Lérida y Tortosa, se
concedieron tres subsidios. Pocos días después de la primera reunión de las
Cortes se concedieron 65.000 l. que se recaudarían vía fogaje durante un año
para pagar la defensa urgente de Valencia. El segundo donativo se concedió en
julio de 1364 y consistió en el pago de 120.000 l. vía fogaje durante otro año.
Estos dos donativos se sobreponían al concedido en Monzón en 1363, lo que
significaba prácticamente doblar las contribuciones de los municipios a partir
de mayo de 1364. Es el inicio del trienio de mayor presión fiscal del siglo
XIV.
El tercer donativo concedido en estas
Cortes fue aprobado en abril de 1365 y posteriormente modificado y ampliado en
unas nuevas Cortes celebradas en Barcelona, en diciembre de ese mismo año.
Concretamente se votó un donativo de 325.000 l. durante dos anualidades, al que
se añadieron 122.000 l. durante el primer año en las Cortes de Barcelona. Por
lo tanto, se acabó por otorgar 447.000 l. el primer año y 325.000 l. el
segundo. Para hacer frente a estas desorbitadas cantidades, al menos respecto a
los donativos concedidos durante todo el siglo XIV, se diversificaron los
recursos de la Diputación del General de Cataluña.
Así, se le asignaron los ingresos de la
ceca del florín de Perpiñan de la cual esperaban ingresar 50.000 l./año; se
creo una gabela de la sal que suponían que generaría 25.000 l./año; se autorizó
a la Diputación a emitir deuda pública por valor de 50.000 l./año cuyos
intereses se consignarían a las generalitats, impuesto que debía generar
también otras 50.000 l. anuales. Las restantes 150.000 l. se recaudarían vía
fogaje (50.000 l.), vía imposiciones sobre la harina, la carne y el vino
(50.000 l.) y a voluntad de los brazos (50.000 l.). De las 120.000 l. aprobadas
en diciembre de 1365, 11.000 l. se obtendrían de los restos de donativos
anteriores, otras 11.000 l. de la emisión de más deuda pública i 100.000 l. a
voluntad de los brazos.
El objetivo de las Cortes era
diversificar los mecanismos a través de los cuales se gravaba a los
contribuyentes, pero sobre todo amortiguar las extremas necesidades de la
guerra a través de la emisión de deuda pública. Esto suponía alargar en el
tiempo la recaudación de algunos de estos impuestos y, al mismo tiempo, crear
un suculento negocio financiero.
De esta manera, se estaban poniendo las
bases para que la Diputación del General de Cataluña se convirtiese en una
institución permanente dedicada a gestionar un sistema fiscal y financiero
generado desde las Cortes y al margen de la monarquía. Pero esta institución,
no podía crear ex novo un sistema financiero capaz de recaudar y
gestionar la brutal cifra de 772.000 l. porque, muy a menudo, debía avanzar
grandes cantidades de dinero que se recaudarían al cabo de un tiempo para
financiar los ejércitos y las armadas del rey y todo esto ante la amenaza real
de las tropas castellanas. Así, el nuevo sistema financiero se apoyó durante
estos primeros años en dos pilares diferentes: por un lado, en un conjunto de
banqueros dirigidos por Berenguer Bertrán, que hacían las funciones de banco
central, avanzando el dinero cuando era necesario e ingresando en sus cuentas
el producto de los distintos impuestos; y, por el otro, los municipios que
aseguraban con sus bienes los futuros ingresos de la Diputación del General.
Del análisis de las finanzas de Sant
Feliu de Guíxols podemos concluir, en primer lugar, que la estructura de los
ingresos y de los gastos es muy parecida al resto de las ciudades catalanas,
especialmente, respecto a las ciudades medianas. Los ingresos municipales
procedían básicamente de la percepción de las tallas (impuesto directo), de las
imposicions (impuesto indirecto) y de el endeudamiento con préstamos a corto
plazo para resolver problemas de liquidez y de la venta especialmente de
violarios como recurso de endeudamiento a largo plazo (al menos hasta 1363,
como veremos más adelante).
En segundo lugar, este sistema fiscal y
financiero, consolidado entre los años 1355 y 1359, sufrió su primer colapso
entre los años 1362 y 1364 en la ciudades y villas de realengo, lo que
explicaría las tensiones y discusiones dentro del brazo real en las Cortes de
Barcelona-Lérida-Tortosa y el intento de desplazar el peso de la financiación
de la guerra de los dos Pedros hacia la Diputación del General de Cataluña y la
creación de un nuevo sistema fiscal y financiero de Estado.
Y, finalmente, que este nuevo sistema
fiscal de Estado no pudo hacer frente a los retos financieros inmediatos de la
guerra sin el concurso de los municipios provocando un incremento de la presión
fiscal municipal y la búsqueda de nuevas formas de crédito, y consolidando un
volumen de deuda ya prácticamente imposible de rescatar.